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Asesoría En Riesgo Regulatorio

Marco de la UE en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: obligaciones relacionadas con PEP entre jurisdicciones

El reglamento de la Unión Europea en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo introduce definiciones ampliadas y armonizadas de las personas expuestas políticamente (PEP), junto con expectativas de debida diligencia más prescriptivas. Al mismo tiempo, las instituciones siguen sujetas a la Recomendación 12 del GAFI ("Grupo de Acción Financiera Internacional") y a los requerimientos de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, que aplican modelos distintos para identificar y gestionar el riesgo asociado con PEP.

Para las instituciones que operan entre jurisdicciones, la cuestión ya no se limita a identificar quién califica como PEP.

Se trata de cómo esas clasificaciones se aplican, se documentan y se evalúan bajo múltiples estándares regulatorios de manera simultánea.

Por qué es relevante

La interacción de estos marcos genera exposición operativa, legal y reputacional. Decisiones que parecen alineadas bajo un estándar pueden no cumplir las expectativas bajo otro, especialmente cuando la documentación y la debida diligencia no reflejan con claridad cómo se llegó a las conclusiones. La Recomendación 12 del GAFI exige, como mínimo, aprobación de la alta dirección, medidas para establecer el origen de los fondos y monitoreo continuo reforzado en relaciones con PEP.

Principales riesgos y aspectos críticos

  • Definiciones de PEP divergentes entre distintos marcos regulatorios
  • Aplicación inconsistente de los umbrales de debida diligencia reforzada
  • Desalineación entre la clasificación y la documentación que la respalda
  • Exposición transfronteriza a sanciones y a escrutinio en banca corresponsal
  • Brechas temporales entre las obligaciones directamente aplicables del reglamento y los estándares técnicos que definirán su aplicación

Prioridades legales y estructurales

  • Alinear los criterios de clasificación de PEP entre los estándares regulatorios aplicables
  • Reevaluar las políticas de PEP frente al reglamento de la UE y la Recomendación 12 del GAFI
  • Mapear las definiciones regulatorias a la lógica de los sistemas y a los modelos de datos
  • Estructurar los procesos de debida diligencia conforme a las expectativas específicas por jurisdicción
  • Estandarizar la documentación para permitir una interpretación consistente entre jurisdicciones
  • Fortalecer la gobernanza sobre la evaluación de relaciones transfronterizas
  • Monitorear los estándares técnicos de la Autoridad de la Unión Europea en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y los actos delegados relacionados

Evaluación de los marcos actuales

Las instituciones deben evaluar si sus marcos actuales permiten una aplicación consistente entre jurisdicciones y a lo largo del tiempo. Esto incluye analizar cómo se documentan las decisiones y si esos registros pueden entenderse desde distintas perspectivas regulatorias.

Vulnerabilidades comunes incluyen:

  • Lógica de monitoreo no alineada con las categorías de PEP definidas en el reglamento
  • Estructuras de datos que no capturan los umbrales o atributos requeridos para la clasificación
  • Documentación que no vincula de manera clara la clasificación con los resultados de la debida diligencia
  • Procesos de escalamiento o revisión inconsistentes entre jurisdicciones

Cuando la lógica de monitoreo fue diseñada sobre categorías de PEP anteriores y más amplias, puede no capturar los umbrales específicos introducidos por el reglamento. El resultado no es necesariamente una decisión incorrecta. Es una decisión que no puede vincularse con claridad al estándar aplicable. Esa brecha se vuelve más relevante cuando una misma relación es evaluada simultáneamente bajo múltiples marcos.

Las instituciones que puedan aplicar de manera consistente las obligaciones relacionadas con PEP entre jurisdicciones, y demostrar con claridad cómo se tomaron esas decisiones, estarán mejor posicionadas para responder al escrutinio regulatorio a medida que las expectativas continúan convergiendo.

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