La ampliación de las categorías de personas políticamente expuestas (PEP) dentro del marco europeo de prevención de lavado de activos ya está definida en el reglamento de la Unión Europea.
Los desarrollos recientes no han introducido nuevas categorías.
Han aclarado cómo se aplicará el marco y el cronograma de implementación.
A partir del 1 de enero de 2026, la nueva Autoridad de la Unión Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AMLA) asumió responsabilidades a nivel de la Unión Europea que anteriormente ejercía la Autoridad Bancaria Europea. Se espera la publicación de una serie de medidas de Nivel 2 y Nivel 3, muchas de ellas previstas para el 10 de julio de 2026, que definirán con mayor detalle cómo se aplicará el marco antes de su entrada en vigor en 2027.
El enfoque ha pasado de definir el alcance de las PEP a su aplicación dentro de los procesos institucionales.
¿Qué incluye la ampliación del alcance de las PEP?
El marco de la Unión Europea introduce un enfoque más armonizado para la identificación de PEP entre los Estados miembros.
Elementos clave incluyen:
- Inclusión de ciertos funcionarios locales y regionales según umbrales de población
- Mayor cobertura de personas vinculadas a empresas de propiedad estatal
- Alineación sobre lo que constituye una “función pública destacada”
Estos elementos ya están establecidos en la regulación.
La fase actual se centra en su interpretación y aplicación consistente.
¿Por qué la implementación genera variabilidad?
Aplicar estas definiciones requiere más que actualizar una política.
Las instituciones financieras deben traducir conceptos regulatorios en componentes operativos, incluyendo:
- La lógica de monitoreo utilizada para identificar posibles coincidencias de PEP
- Las estructuras de datos que soportan la clasificación y la evaluación del riesgo
- Los procesos de debida diligencia que se activan una vez identificada una PEP
Cada uno de estos pasos introduce desafíos de interpretación
Las diferencias en cómo se aplican los umbrales, cómo se clasifican los cargos o cómo se estructuran los datos pueden generar resultados distintos entre instituciones financieras.
Interacción con otros requerimientos
La clasificación de PEP bajo el marco de la Unión Europea no opera de forma independiente.
Las instituciones financieras suelen aplicar múltiples requerimientos de manera simultánea, incluyendo estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) y exigencias específicas de otras jurisdicciones, como las del marco estadounidense bajo la Ley de Secreto Bancario.
Estos enfoques no son idénticos:
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) establece una base para la debida diligencia reforzada, especialmente para PEP extranjeras
Los requerimientos en Estados Unidos se basan en un enfoque general basado en riesgo, sin una definición formal de PEP
Las reglas de la Unión Europea introducen categorías más detalladas y armonizadas
Esto obliga a las instituciones financieras a aplicar distintos estándares de manera consistente sobre las mismas relaciones y jurisdicciones.
En qué están trabajando las instituciones financieras
Las instituciones financieras están abordando cómo:
Mapear las definiciones regulatorias a sus sistemas internos de monitoreo
Asegurar una identificación consistente de PEP a través de distintas fuentes de datos
Aplicar niveles adecuados de debida diligencia según los distintos requerimientos
Mantener consistencia entre jurisdicciones y líneas de negocio
Estos retos se reflejan en los sistemas, los datos y los procesos operativos.
Preparación hacia 2027
Con la entrada en vigor del marco en 2027, el periodo actual está enfocado en la preparación.
Esto incluye:
Alinear las políticas con el alcance ampliado de PEP
Actualizar las herramientas de monitoreo y los datos subyacentes
Ajustar los procedimientos de debida diligencia
Evaluar la consistencia entre jurisdicciones
El objetivo es asegurar que el marco pueda aplicarse de manera consistente y coherente una vez entre en vigor.
Próximos pasos
La ampliación de las categorías de PEP en la Unión Europea no introduce un concepto nuevo.
Incrementa el nivel de precisión requerido en cómo las definiciones regulatorias se traducen en sistemas, procesos y decisiones.
El enfoque ahora está en asegurar una aplicación consistente en datos, debida diligencia y requerimientos transfronterizos.
Este es el tipo de preguntas, en contextos que abarcan múltiples jurisdicciones, que las instituciones financieras están llevando a nuestra Mesa de Ayuda regulatoria.
