En mayo del 2020, el FATF (GAFI) publicó nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo derivadas de la crisis COVID-19. El documento destaca cómo el fraude, el cibercrimen, la mala dirección de los fondos del gobierno y la asistencia financiera internacional están abriendo el camino para que los actores ilícitos creen nuevas fuentes de fondos/ingresos. Como resultado, los sectores privados y gubernamentales se ven desafiados con su capacidad de cumplir efectivamente con las obligaciones de ALD/CFT, cumplir con las regulaciones, informes de actividades sospechosas y la cooperación internacional.
Las amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que surgen de la crisis COVID-19 presentan los siguientes riesgos:
- Omitir las medidas de diligencia debida del cliente (DDC). Los actores ilícitos están encontrando formas de eludir las medidas de DDC debido a los desafíos en los controles internos causados por situaciones de trabajo remotas para ocultar y lavar fondos.
- Uso indebido de servicios financieros “on-line” y activos virtuales para mover y ocultar fondos ilícitos.
- Explotar las medidas de estímulo económico y los planes de insolvencia como un medio para que las personas físicas y jurídicas oculten y blanqueen los ingresos ilícitos.
- Uso de un sector financiero no regulado a medida que las personas retiran dinero del sistema bancario debido a la inestabilidad financiera que conduce a un mayor uso del sector financiero no regulado y crea oportunidades para lavar fondos ilícitos.
- Mal uso y malversación de ayuda financiera nacional e internacional y fondos de emergencia.
- Trasladarse a nuevas líneas de negocios que requieren mucho efectivo y alta liquidez en los países en desarrollo para el lavado de dinero, la financiación de operaciones y la pretensión (fraudulentamente) de ser organizaciones benéficas para recaudar fondos “on-line”.
Ejemplos de actividades fraudulentas
- Suplantación de identidad de funcionarios: por persona, correo electrónico o teléfono para obtener información bancaria personal o efectivo físico.
- Falsificación: estafas “on-line” para suministros médicos y medicamentos que solicitan información de tarjeta de crédito para el pago o una tarifa de envío, pero nunca entregan los productos
- Recaudación de fondos para organizaciones benéficas falsas: correos electrónicos que solicitan donaciones para la información de la tarjeta de crédito relacionada con COVID-19 o que realizan pagos a través de la billetera digital segura del sospechoso.
- Fraudes de inversión: promociones que afirman falsamente que los productos o servicios de empresas que cotizan en bolsa pueden prevenir, detectar o curar COVID-19.
- Ataques de “phishing” por correo electrónico y SMS: insertando “malware” en computadoras personales o dispositivos móviles para obtener cuentas personales, nombres de usuario y contraseñas.
- Estafas de compromiso del correo electrónico comercial: obtener acceso a la información de contacto y transacción de un cliente comercial solicitando el pago de bienes y / o servicios legítimos y dirigiendo el pago a una cuenta ilícita.
- Ataques de “ransomware”: insertando “ransomware” en computadoras personales y dispositivos móviles utilizando sitios web maliciosos y aplicaciones móviles que parecen compartir información relacionada con COVID-19 para obtener y bloquear el acceso a los dispositivos de las víctimas hasta que se reciba el pago.
Las instituciones financieras se enfrentan a nuevos riesgos y vulnerabilidades que presenta COVID-19
El Informe del FATF presenta actividades de respuesta de políticas ALD/CFT tales como:
- Coordinación nacional para evaluar el impacto de COVID-19 en los riesgos y sistemas ALD / CFT. Los sectores público y privado deben fortalecer la comunicación y trabajar juntos para identificar, monitorear y comunicarse durante el cambiante panorama de riesgos.
- Fomentar el uso completo de un enfoque basado en el riesgo para la debida diligencia del cliente.
- Soporte de opciones de pago electrónico y digital.
Dado el entorno actual incierto y volátil, el proceso de evaluación de riesgos de una institución financiera es fundamental para un programa de cumplimiento eficaz y bien diseñado. Las instituciones financieras deben reforzar y actualizar todos los esfuerzos, políticas y procedimientos de cumplimiento.
La capacitación de los empleados y la educación continúa probada regular para mitigar los riesgos es imprescindible.
Consulte a su experto en cumplimiento.
