Durante la Conferencia Anual contra el Lavado de Dinero de FIBA (“Financial and International Business Association”) celebrada el 18 al 21 de marzo de 2024 en Miami, Florida, la Directora Gacki de FinCEN discutió las expectativas regulatorias y las mejores prácticas para prevenir delitos financieros en una charla informal. Mejorar la transparencia en el sistema financiero estadounidense sigue siendo una de las principales prioridades de FinCEN.
Las iniciativas emprendidas por FinCEN; que ayudarán a FinCEN y a sus socios encargados de hacer cumplir la ley a erradicar a los malos actores que se aprovechan del sistema financiero estadounidense discutidos por Directora Gacki incluyen:
- El Aviso de Propuesta de Reglamentación (“NPRM”) que requeriría que ciertos asesores de inversiones apliquen requisitos ALD/CFT de conformidad con la Ley de Secreto Bancario, incluyendo la implementación de programas ALD/CFT basados en riesgos, informar actividades sospechosas a FinCEN y cumplir con requisitos de mantenimiento de registros. La opinión de FinCEN es que los asesores de inversiones corren el riesgo de sufrir abusos por parte de blanqueadores de dinero, funcionarios corruptos, evasores de impuestos y otros malos actores debido al hecho de que los asesores de inversiones «generalmente» no están sujetos a una lucha integral contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Medidas ALD/CFT). Como resultado, es probable que los actores ilícitos busquen asesores de inversión que no necesiten preguntar sobre la fuente de riqueza de los actores ilícitos y que actúen como puntos de entrada a los mercados de valores, bienes raíces y otros activos de Estados Unidos.
- El Aviso de Reglamentación Propuesta (“NPRM”) para combatir y disuadir el lavado de dinero en el sector inmobiliario residencial de EE. UU. mediante una mayor transparencia. FinCEN busca exigir que ciertos profesionales involucrados en el cierre o liquidación de transferencias de bienes raíces residenciales proporcionen información a FinCEN sobre ciertas ventas y transferencias no financiadas y mantengan registros. El requisito de presentación de informes es de naturaleza personalizada, ya que está diseñado para capturar una clase particular de actividad que el Tesoro considera de alto riesgo y que justifica la presentación de informes sobre una base de transacción específica. El nuevo requisito de presentación de informes para transacciones de bienes raíces residenciales no financiadas requeriría que ciertas personas involucradas en cierres y acuerdos de bienes raíces residenciales presenten y mantengan un registro de una versión simplificada de un Informe de actividades sospechosas (“SAR”), conocido como «Informe inmobiliario» o “Real Estate Report”.
La Directora Gacki también abordó el apoyo que las instituciones financieras brindan a las fuerzas del orden a través de informes de actividades sospechosas e intercambio de información a través de la Sección 314(b) de la Ley USA PATRIOT. “FinCEN alienta encarecidamente a todas las instituciones financieras estadounidenses a registrarse en el programa 314(b) y buscar oportunidades para formar asociaciones para participar en el intercambio voluntario de información. FinCEN alienta a las instituciones financieras estadounidenses a continuar utilizando, y potencialmente ampliar, sus procesos existentes para recopilar y compartir información con instituciones financieras extranjeras para promover investigaciones que involucren actividades transfronterizas”. Es de destacar que en 2020, FinCEN proporcionó una aclaración bienvenida que indica que las instituciones financieras ahora pueden compartir información basándose en el puerto seguro de la Sección 314 (b) en relación con actividades que sospechan que pueden involucrar lavado de dinero o actividad terrorista, incluso si la institución financiera o la asociación no puede identificar ganancias específicas de una Actividad Ilícita Específica que se esté lavando. Antes de esta aclaración, la Sección 314(b) permitía instituciones financieras a compartir información sólo en situaciones de sospecha de terrorismo y lavado de dinero.
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